Tras la entrada en vigor en noviembre del 2.008 del Real Decreto 1.836/08 de desarrollo de la disposición adicional trigésima de la Ley de Igualdad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ignorando el puesto de trabajo del que somos titulares en la actualidad, así como la especial circunstancia que determinó nuestro ingreso en la Escala Femenina del Cuerpo de Ayudantes, y que no es otra, que el hecho de desarrollar nuestras funciones única y exclusivamente con mujeres reclusas, la cual conllevaba, a su vez:
Menor número de plazas ofertadas.
Mayor puntuación en el acceso.
Menor posibilidades para optar a puestos de nivel superior.
Mayores dificultades para desplazarnos a otros centros penitenciarios del territorio nacional.
respecto a nuestros compañeros de la Escala Masculina, NOS IMPONE, primero de forma particular, para posteriormente generalizarse en el resto de centros penitenciarios, LA OBLIGACIÓN DE TRABAJAR EN CONTACTO DIRECTO CON RECLUSOS MASCULINOS, todo ello, sin escucharnos, sin darnos la opción de elegir y vulnerando nuestros derechos, paradójicamente en aras de la igualdad.
Criterio totalmente discrecional y al margen de la legalidad vigente, UNA INJUSTICIA cuya respuesta por parte de este colectivo no se hizo esperar, y en este sentido comenzamos a trasladar, de forma inmediata, nuestro desacuerdo e indignación a todas las autoridades competentes en el tema, a través de diferentes vías: documental, mediática, personal (entrevistas) y la protesta en la calle.
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