"....si no puedes eliminar la injusticia, por lo menos cuéntasela a todo el mundo”.

Shirin Ebadi (mujer, abogada y activista. Premio Nobel de la Paz 2003)



¿Qué significa AFAUP?

Son las siglas de la Asociación de Funcionarias Anteriores a la Unificación en Prisiones. Un movimiento sólido y organizado de funcionarias pertenecientes a la Escala Femenina del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias que comienza su andadura en enero de 2009 como plataforma, quedando legalmente constituida como asociación el 23 de octubre del mismo año, fecha de inscripción registral.



INDICE DEL BLOG

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I. EL INICIO


II. PRIMERAS ACTUACIONES


III. RESPUESTAS DE AUTORIDADES


IV. PROTESTA EN LA CALLE


V. CENTROS AFECTADOS


VI. VOCES DE APOYO


VII. AFAUP EN OTROS BLOGS

VI. VOCES DE APOYO

Frente a la sin razón demostrada por la Secretaría General y la indiferencia del Ministerio de Igualdad, No Estamos Solas.

Primero fue el Defensor del Pueblo, ahora también, representantes de distintas fuerzas políticas y del mundo de la comunicación, entienden que nuestras reivindicaciones están basadas en criterios de justicia y sentido común.

Cada vez son más las voces, que desde distintos ámbitos, surgen para pedir a ambas instituciones, un ejercicio de reflexión, responsabilidad y autocrítica con el fin de poder corregir los efectos adversos derivados de las carencias que está demostrando tener la Ley de Igualdad en nuestro contexto laboral, las cuales favorecen, sin lugar a dudas, las malas interpretaciones que se están haciendo de la misma por parte de los responsables directos de su cumplimiento, en los centros penitenciarios, y por ende, provocando la consiguiente vulneración de derechos de este colectivo de mujeres.

-GRUPOS POLÍTICOS:

Prueba de este apoyo, son las intervenciones de Carmen Navarro (P.P.), Emilio Olabarría (P.N.V.) y Joan Tardá (E.R.C.) en la comisión de Interior y éste último, también, en la de Igualdad, celebras el pasado 16 de junio, y en las que comparecieron la Secretaria General y la Ministra Aído, respectivamente, para tratar, entre diversos puntos, la situación de las funcionarias de la Extinta Escala Femenina de Prisiones tras la entrada en vigor de la Ley de Igualdad.

Curiosamente, ambas, siguiendo el mismo guión aprendido, al que ya nos tienen acostumbradas, evitaron, una vez más, entrar en el fondo del asunto, sustituyendo la cuestión principal, objeto de estudio y aún pendiente de resolución, por otra problemática, nacida también con la Unificación de Escalas, pero de evolución paralela y distinta a la anterior, como es la adecuación o no de la mujer al trabajo que se desarrolla en los departamentos de hombres en contacto directo con reclusos masculinos.

Las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, así como de la Secretaria General y la Ministra de Igualdad se pueden ver en los siguientes enlaces:

COMISIÓN DE INTERIOR: Ver enlace.

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?_piref73_2138150_73_2138147_2138147.next_page=/wc/verEmision&video=mms://congresodiferido.congreso.es/archivo/09_329_30_1.asf&canal=2&nombreOrgano=Comisión%20de%20Interior&fechaSeleccionada=16%20de%20Junio%20de%202010&directo=no&origen=archivoAudiovisual&origen=archivoAudiovisual&idOrgano=329&idSesion=30

COMISIÓN DE IGUALDAD: Ver enlace


ACTUACIONES DE OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS: UPN y UPYD, en distintos momentos parlamentarios, también han pedido respuestas a la Secretaría General en relación al tema que nos atañe, aunque ésta no se da por aludida. Algunos ejemplos:



A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, a instancia de D. Carlos Salvador Armendáriz, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), al amparo de lo dispuesto en el art. 194.2 Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA a la Proposición No de Ley sobre el enfoque de género en el diálogo social del Grupo Parlamentario Socialista (Núm. expte. 162/000634).

ENMIENDA DE ADICIÓN

Se añaden al texto original, los siguientes apartados:

3. Sin perjuicio de los anterior, se compromete (el Congreso) a analizar y solucionar las situaciones de conflicto y perjudiciales para el libre desarrollo de la mujer derivadas de la aplicación de la Ley Orgánica de Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

4. En concreto, sobre funcionarias de prisiones, se compromete a cumplir la Proposición no de ley aprobada por el Pleno de esta Cámara con fecha 23 de junio de 2009, así como a adoptar inmediatamente las medidas fácticas, en un principio, y jurídicas después, que garanticen la seguridad de este grupo de funcionarias durante ejercicio de su trabajo y les reconozcan el derecho a elegir el tipo de prisiones donde trabajar mediante la recuperación de la Escala Femenina.

ESTA ENMIENDA QUEDÓ FINALMENTE RECHAZADA.




Rosa Díez pregunta al Gobierno sobre la seguridad de las funcionarias de prisiones que trabajan con reclusos varones.

Europa Press, 05 de agosto de 2010 a las 16:17

La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha preguntado al Gobierno qué medidas de seguridad ha establecido para garantizar la seguridad de las funcionarias de prisiones que trabajan "en los departamentos de hombres", teniendo en cuenta la masificación, escasez de personal y aumento de la conflictividad registrados, a su juicio, en las cárceles.

Rosa Díez ha registrado una serie de preguntas parlamentarias registradas en la Mesa de la Cámara Baja, a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que muestra su preocupación sobre las condiciones laborales de las funcionarias tras la entrada en vigor de la Unificación de Escalas en los Cuerpos de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

A raíz de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, se dieron por extinguidas en 2007 las escalas masculina y femenina en el funcionariado de prisiones, unificándolas en un único Cuerpo de Ayudantes. Un año después, se desarrollaron mediante real decreto los criterios para la aplicación de la integración de las extintas escalas diferenciadas por razón del sexo.

CAUTELAS ANTE LA CONFLICTIVIDAD

A este respecto, la diputada de UPyD insta al Gobierno a responder sobre las "cautelas en materia de seguridad" que adoptará para las funcionarias mujeres que trabajan en los módulos de hombres, a la vista de las condiciones de hacinamiento y "elevación de la conflictividad" en los centros penitenciarios.

Después de recordar que la normativa ya contempla actuaciones que preservan la dignidad e intimidad de los reclusos (la Ley establece que los cacheos con desnudo integral se efectúen por personal funcionario del mismo sexo), Díez interpela sobre la protección de las trabajadoras que desempeñan sus funciones en "los departamentos de hombres".

La parlamentaria de UPyD también exhorta al Gobierno a dar a conocer cuando creará "el Observatorio para la mujer, funcionaria de prisiones" y recuerda que observatorios relativos a la mujer en las Fuerzas Armadas, en la Policía y la Guardia Civil o sobre la violencia de género ya están en funcionamiento desde hace años.

Asimismo, pide saber la fecha en la que el Ejecutivo tiene previsto elaborar el estudio sobre el impacto de género para el colectivo de mujeres --2.000 funcionarias y 8.000 internas-- en el ámbito penitenciario que, "por imperativo legal", debería haber presentado en 2008 cuando se aprobó el citado Real Decreto.

LIBERTAD DE ELECCION

Por otra parte, Rosa Díez denuncia que Instituciones Penitenciarias está "imponiendo" a las funcionarias de la extinta escala femenina el módulo en el que desempeñarán sus funciones y pide al Departamento de Mercedes Gallizo que aclare si estas 2.000 trabajadoras podrán elegir si desean "trabajar o no en contacto directo con reclusos masculinos". "Sin que dicha elección disminuya las posibilidades de promoción en su carrera administrativa", advierte.

En este punto, censura el rechazo de reclamaciones presentadas por varias funcionarias que solicitaban expresamente no trabajar con reclusos varones. Además, cuestiona cómo se justifica que en los centros de Córdoba, Teixeiro (Pontevedra) y León se obligue a algunas funcionarias que tenían adjudicada una plaza en atención a mujeres a desempeñar su trabajo con hombres.

La noticia completa se encuentra en el siguiente enlace:

http://www.periodistadigital.com/politica/parlamento/2010/08/05/rosa-diez-pregunta-al-gobierno-sobre-la-seguridad-de-las-funcionarias-de-prisiones-que-trabajan-con-reclusos-varones.shtml


-DESDE EL MUNDO DE LA COMUNICACIÓN. PERIODISTAS:


Ley de Igualdad, pero no siempre.



Andrés Aberasturi 28.04.10
12:20

o

MADRID, 27 (OTR/PRESS)

El escándalo surgido en el centro penitenciario de Alcalá-Meco, prescindiendo de que afecta a un número pequeñísimo de funcionarios y hasta alejándonos de los hechos mismos, sí merece una cierta reflexión sobre la desigualdad que debería suponer la Ley de Igualdad en determinados casos. Aunque la ministra se haya quedado en la anécdota y no entienda ni atienda las reclamaciones de algunos colectivos es evidente que para aplicar la Ley con criterio habrá que saber si debe o puede tener excepciones.

Y las debe tener y el caso de los funcionarios y funcionarias de prisiones es uno de ellos. Nada tiene que ver este colectivo con el Ejército, la Guardia Civil o cualquier otro tradicionalmente machista por la sencilla razón de que en el caso de prisiones se trabaja con gentes sometidas a una vigilancia constante en una situación extrema de pérdida de libertad y por tanto de intimidad. No hace falta ser psicólogo para entender que dentro de una prisión el orden natural de las cosas varía sensiblemente y de ahí todo lo que la mayoría sabemos sobre todo por películas y algunos porque hemos tenido la oportunidad de echar una mano e introducirnos en ese complejo mundo tan desconocido por otra parte.

Y si me atrevo a afirmar que la Ley de Igualdad debe ser desigual en este caso, es por el respeto que me merecen no sólo los funcionarios y funcionarias, sino, en la misma medida, los internos y las internas. Conozco más el caso de las mujeres cuando aun estaban en Yeserías y tardé en entender muchas cosas que me sorprendieron la primera vez. Me hablaban ellas del "chabolo" que ocupaban y que decoraban cada una a su estilo y que era debidamente vigilado por las funcionarias entonces, me hablaban de sus novias allí dentro de la prisión y a la vez de sus novios que estaban fuera, muchos de ellos cumpliendo también condenas. Me contó la directora de aquella época, como era el ingreso, los cacheos, las relaciones que se establecían etc. Y no lo entiendo. No entiendo que una mala aplicación de una buena ley ponga en duda el principio mismo. Claro que es una anécdota -una gravísima anécdota- lo ocurrido en Alcalá-Meco y no por ello la Ley de Igualdad deja de ser fundamental. Pero con excepciones, señora ministra.

Porque en un centro penitenciario hay que hacer cosas que muchas veces violentan claramente la intimidad de quienes las sufren, los internos y las internas, pero también de quien tienen la obligación de realizarlas: los funcionarios y las funcionarias. ¿No es defender la igualdad que una mujer no sea cacheada total o parcialmente por otra mujer y lo mismo al contrario? ¿Qué cuesta seguir haciéndolo así? Creo que en los cacheos se respeta esa justa "desigualdad" pero no ocurre lo mismo en el resto de las actividades. Cuando una de las partes está en una situación de inferioridad respecto de la otra -y esto ocurre en cualquier prisión- debe imperar algo que está por encima de la igualdad que es el sentido común. Replantearse los límites de una ley no es reconocer un fracaso, sino aquilatarla más a la realidad. Estoy seguro que si se pregunta al colectivo de internas, la inmensa mayoría preferiría funcionarias a funcionarios y estos ya se han pronunciado más de una vez en el mismo sentido. ¿Por qué no enmendar sencillamente por el bien de todos algo tan sencillo?



Escándalo en las prisiones.



07-05-2010 - Luis del Olmo


¿Se imaginan ustedes a una funcionaria de prisiones vigilando, sola, en una galería en que hay un centenar de internos, algunos de ellos condenados por violación o por malos tratos? Esta escena es una realidad, y así lo denuncian desde hace tiempo profesionales de Instituciones Penitenciarias, sin que se les haya hecho caso. Añadamos que desde hace unos días, en la cárcel femenina e Alcalá-Meco, en Madrid, se investiga a funcionarios que podrían haber mantenido relaciones sexuales con algunas reclusas a cambio de favores como facilitarles alcohol o drogas, o permitirles hablar por el teléfono móvil.

El Partido Popular ha propuesto una modificación de la llamada “Ley de Igualdad”, que en marzo de 2007 unificó en una sola escala las escalas masculina y femenina del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, dando pie a la situación actual, a una situación ciertamente complicada.

Es obvio decir que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. También que, pese a que a algunos les parezca sorprendente, debido a las costumbres y al paso del tiempo, cada día es más normal, afortunadamente, que una mujer realice una intervención quirúrgica, pilote un avión, sea ministra de Defensa o suba el Everest.

Sin embargo, este bendito afán de igualdad debe guiarse por el sentido común, y no por hacer tabla rasa de todas las situaciones. Y es ese sentido común el que sugiere que en las cárceles (que no son precisamente un mundo idílico y encantador…) los trabajos de vigilancia, cacheos y registros se realicen como hasta hace poco tiempo se hacía: los funcionarios varones en las galerías de hombres, y las funcionarias mujeres en las zonas en que cumplen condena las reclusas.

Porque una cosa es discriminar y otra muy distinta cerrar los ojos a la realidad. Si la ministra de Igualdad o el Gobierno tienen alguna duda, que escuchen la voz de las funcionarias de prisiones. Y, si no, que lean los periódicos. Hay, insistimos, circunstancias específicas en que, sin vulnerar la igualdad (de horarios, de salarios, de promoción profesional), se pueden hacer las cosas mejor. Quizá sean casos excepcionales, pero merecen ser tenidos en cuenta. Una funcionaria de prisiones entre un grupo de violadores y de maltratadores (con certificado oficial de tales, como se deriva de su condena), no es precisamente un indicador de progreso ni un homenaje a la dignidad de la mujer.

NO SE PUEDE ALARDEAR DE TOLERANCIA, SI QUIEN LO HACE NO PREGONA CON EL EJEMPLO.

V. CENTROS PENITENCIARIOS AFECTADOS.

Es una realidad por todos conocida ( y no sólo por los que trabajamos en este contexto laboral), que la aplicación de la Ley de Igualdad y del Real Decreto en dicho ámbito, se está llevando a cabo de forma dispar y sin criterios de uniformidad. Una anarquía normativa que se traduce en la existencia de tantas Leyes de Igualdad y Reales Decretos como centros penitenciarios, ya que cada uno de ellos aplica lo que considera oportuno. Sin embargo, este panorama tan caótico se contempla desde la Secretaría General y Ministerio de Igualdad, entre otros, con “TOTAL NORMALIDAD”.

Muestra de ello es la situación gravemente discriminatoria en la que están inmersas las funcionarias del área de vigilancia interior de los centros penitenciarios de Córdoba y Teixeiro (La Coruña), desde abril del 2009, y desde febrero del 2.010 en León . Paradójicamente, en estos tres establecimientos, y a diferencia de lo que sucede en el resto del territorio nacional, estas funcionarias, titulares en la actualidad de un puesto de interior mujeres, están siendo obligadas a desempeñar sus funciones en departamentos en contacto directo con reclusos masculinos. Una modificación de sus condiciones laborales SIN LA COBERTURA LEGAL EXIGIDA DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL DE LA NORMA. (Recomendación del Defensor del Pueblo.24 de junio del 2.009).

A este respecto, la Secretaría General, se limita a decir: “SE CUMPLE EL IMPERATIVO LEGAL”.

Nosotras, por el contrario, nos preguntamos:

Si en estos tres centros penitenciarios se “cumple la ley “, en los demás centros del territorio nacional donde no se impone esta medida, ¿se está eludiendo entonces el cumplimiento de la misma? ¿ es que acaso la normativa no es la misma para todos?.

A esto último habría que responder que evidentemente no, dado que algunas de estas profesionales del medio penitenciario, en función del centro en el que tengamos ubicado nuestro puesto, vemos sesgado o no, nuestro derecho a trabajar únicamente con mujeres reclusas, por lo que sólo cabe pensar que desde la Secretaría General se han configurado dos clases o categorías de centros penitenciarios: los de primera o no experimentales frente a otros de segunda o experimentales, entre los que se encontrarían esos tres centros en cuestión: Córdoba, Teixeiro y León.

 ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTA DISTINTA Y PECULIAR FORMA QUE TIENE LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DE ENTENDER LA LETRA DE LA LEY Y DEL REAL DECRETO QUE LA DESARROLLA:



 Funcionarias de la cárcel de Córdoba denuncian que se vulneran sus derechos.



Vista general de la torre de la prisión cordobesa.
Madero Cubero

• Tuvieron más limitaciones para acceder a su plaza por trabajar sólo con mujeres

• Según la Afaup, la medida está siendo aplicada con carácter retroactivo

Algunas se han trasladado a otros centros donde SE RESPETA su puesto

Toñi Caravaca
Córdoba

Actualizado lunes 24/05/2010 09:02 horas

La aplicación de la Ley de Igualdad al colectivo de funcionarias de la cárcel de Córdoba le está quitando el sueño a más de una desde que se ven "obligadas" a tener que atender también a la población reclusa masculina, algo que no se contemplaba en las condiciones laborales del colectivo antes de que aprobasen las oposiciones.

De hecho, las mujeres que un día decidieron convertirse en trabajadoras de Prisiones eran conscientes de que les costaría más esfuerzo conseguir una plaza que al resto de compañeros. Estaban sometidas a más limitaciones porque iban a desarrollar su trabajo únicamente con reclusas. Así, se les ofertaron menos plazas y se les requirió más puntuación a la hora de acceder. También tienen, dicen, menos probabilidad de ascender a puestos de nivel superior y menos posibilidades de desplazarse a otros centros penitenciarios del territorio nacional.

Sin embargo, la Ley de Igualdad ha obligado a modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) para que no se produzca distinción por sexo a la hora de acceder a estos empleos ni, por ende, a la hora de desarrollar el trabajo en el interior de las cárceles. En la práctica, las RPT aún no han sido actualizadas, ni siquiera la de Córdoba. No obstante, la dirección de este recinto penitenciario lleva un año aplicando este aspecto de la legislación.

De hecho, según la Asociación de Funcionarias Anteriores a la Unificación de Prisiones (Afaup), la medida se está aplicando con efectos retroactivos, y sin haber elaborado previamente un estudio de impacto de género, como obliga la normativa y como aconseja el Defensor del Pueblo. La ley obliga a realizar previamente un estudio de impacto de género, que no se ha efectuado, según las funcionarias.

Por esta razón, Afaup ha declarado a ELMUNDO.es de Andalucía que defenderá el cumplimiento de la ley y el derecho de estas mujeres a decidir si quieren o no trabajar en contacto directo con presos masculinos. La normativa es aplicable a todos los centros penitenciarios pero, de momento sólo el de Córdoba ha comenzado a hacerlo, según Afaup, de forma piloto. También los de León y Coruña se han unido recientemente, pero no de forma tan "extremista".

Las consecuencias de su aplicación en la cárcel cordobesa no han tardado en llegar: las 15 funcionarias aseguran que esta situación se traduce en malestar generalizado y en un clima de continua tensión. Una de las afectadas, que prefiere mantener el anonimato por miedo a posibles represalias, ha asegurado a este periódico que "una misma circunstancia puede ser legal en un centro y en otro no", tal y como sucede en la prisión cordobesa, donde "somos la excepción no regulada de la norma y lo peor de todo, sin posibilidad de defendernos".

Mientras tanto, aumenta la desmotivación laboral, la relajación de funciones, la pérdida de implicación en los problemas derivados de los reclusos y el distanciamiento en la resolución de conflictos entre internos.

Asimismo, Afaup denuncia que hay trabajadoras públicas que ya han dejado su puesto en interior o contacto directo con internas para optar a áreas menos remuneradas pero que no implican contacto directo con reos. Otras se han trasladado a otros centros donde se respeta el puesto del que es titular cada empleada y el resto "sobrevive como puede, sufriendo el desgaste psicológico derivado de este tipo de situaciones, simplemente por ser una minoría sin armas para defenderse".

Las funcionarias afectadas dicen sentirse "atrapadas, decepcionadas, indignadas y estafadas" y demandan "respeto" y "sentido común" al entender que una modificación "total y absoluta" de sus condiciones laborales no se puede llevar a cabo desde la imposición sino desde la libertad".



El Gobierno obliga a las funcionarias de prisiones a trabajar con reclusos varones

El penal de Teixeiro aplica desde primavera la ley de igualdad con la unificación de escalas sin tener en cuenta a las vigilantes que sacaron plazas destinadas sólo a módulos de mujeres




Un grupo de funcionarias durante una protesta en Madrid por la unificación de escalas con carácter retroactivo. / la opinión


R. PRIETO
A CORUÑA

Las funcionarias de prisiones están en pie de guerra. Y no lo hacen para exigir mejoras laborales. Su única exigencia pasa por que Instituciones Penitenciarias "respete" el puesto de trabajo al que optaron: una plaza en el módulo de mujeres. Son unas 2.000 afectadas en España, 70 de ellas en Galicia, que llegaron a Prisiones antes del año 2007 y que opositaron por la escala femenina. Es decir, aprobaron una plaza destinada a trabajar sólo con reclusas. Pero un real decreto de la ley de igualdad, en vigor desde enero de este año, las obligará a prestar servicios también en los módulos de hombres ya que establece la unificación de escalas con carácter retroactivo.

En la cárcel de Teixeiro (A Coruña), con 22 afectadas por el real decreto, las funcionarias de la escala femenina realizan ya desde abril servicios en módulos de presos varones. En el caso de la cárcel pontevedresa de A Lama, la negociación de los sindicatos con la dirección del centro ha permitido -según confirmó Acaip- organizar los turnos de los grupos de trabajo sin recurrir a trabajadoras con plaza en los módulos de mujeres.

"No estamos en contra de la unificación. Nosotras optamos a un puesto y ahora pretenden eliminar por ley nuestro destino", denuncia un grupo de funcionarias de la prisión de Teixeiro.

Fue en 2007 cuando el Ministerio de Igualdad puso fin a las dos vías de entrada al funcionariado en prisiones -escala femenina y escala masculina- e impuso la unificación de escalas.

Desde entonces, hombres y mujeres ya no compiten por separado. Pero esta unificación no sólo se aplicará para las nuevas incorporaciones, sino también para las funcionarias que en convocatorias anteriores han opositado para trabajar solamente con presas en el módulo de mujeres o el de madres.


Apoyo del Defensor del Pueblo

Pese a las conversaciones mantenidas con las direcciones de cada prisión y una reciente manifestación en Madrid, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias descarta dar marcha atrás. "La ley no está para valorar o interpretar, sino por cumplirla", aseguraron a LA OPINIÓN fuentes del departamento dirigido por Mercedes Gallizo.

Pero quien parece interpretar el real decreto, y de manera distinta a Prisiones, es el Defensor del Pueblo. En una reciente carta remitida al colectivo de funcionarias, el adjunto segundo del Defensor del Pueblo, Manuel Ángel Aguilar Belda, recomienda "adoptar la medidas necesarias" para asegurar que las funcionarias que aprobaron la oposición antes de la entrada en vigor de la extinción de las escalas masculina y femenina del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias "puedan conservar -de facto- el status jurídico del que gozaban entonces". Es decir, "garantizar a quienes así lo quieran no trabajar en contacto directo con internos, sin que ello conlleve una disminución de las posibilidades de promoción en su carrera administrativa".

Ese apoyo del Defensor del Pueblo ha motivado a las funcionarias afectadas. Y no tiran la toalla: preparan nuevas reuniones con las direcciones de los penales, organizan nuevas protestas -tanto en Madrid como en Galicia- y se plantean presentar un contencioso contra el real decreto.

Con intención de hacerse oír, un grupo de 150 trabajadoras en penales de toda España, una veintena destinadas en Galicia, constituyeron el pasado mes de junio la Asociación de Funcionarias Anteriores a la Unificación en Prisiones (Afaup). El pasado 10 de diciembre organizaron una manifestación en Madrid. La próxima protesta será en enero ante la delegación del Gobierno en A Coruña y a finales de ese mes organizarán una nueva concentración ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. "No nos damos por vencidas, sólo pedimos que la ley no nos discrimine y respete el puesto de trabajo al que optamos", aseguran funcionarias de la escala femenina de Teixeiro.

El propio real decreto de unificación insta a "organizar y asignar" los servicios "dentro de los condicionantes impuestos por el puesto de trabajo de que sea titular cada funcionario". La lectura -según advierten las funcionarias- no deja lugar a dudas: "Nuestro puesto es para trabajar con mujeres".




Lne.es » Asturias

La ley de Igualdad amenaza la seguridad en Villabona, denuncian las funcionarias

«Una mujer puede verse sola en un módulo con 160 presos, algunos condenados por violación y maltrato», avisan las trabajadoras, que reclaman libertad de elección


La ley de Igualdad amenaza la seguridad en Villabona, denuncian las funcionarias

Oviedo, L. Á. VEGA

La aplicación de la ley de Igualdad en la prisión de Villabona, esto es, la entrada de funcionarias en los módulos de hombres y viceversa, puede llevar a situaciones potencialmente muy peligrosas, según advierten las trabajadoras del centro penitenciario. Durante el día, cada uno de los diez módulos está vigilado por dos funcionarios, uno de ellos permanentemente en contacto con los presos. Por la noche, los módulos quedan a cargo de un solo funcionario. De esta forma, «puede que una mujer llegue a verse sola en un módulo de 160 hombres», señala una integrante de la Asociación de Funcionarias Anteriores a la Unificación en Prisiones (Afaup), a la que pertenecen 300 de las 2.000 mujeres del colectivo.

Además, la entrada de trabajadores en los módulos de mujeres «puede dar alas a las reclusas para denunciar supuestos abusos, algo que era impensable antes, puesto que los funcionarios, e incluso el médico y el director de la prisión, acudían a los módulos de mujeres siempre acompañados de funcionarias», añaden. «No decimos que casos como los de Alcalá-Meco no se den, pero a ver qué funcionario se atreve ahora a trabajar en un módulo de mujeres», indican.

En las prisiones donde ya se ha puesto en marcha la unificación de escalas, se está produciendo una huida masiva de las funcionarias hacia puestos de oficina, peor remunerados, pero que les evitan entrar en los módulos de hombres. De esta forma, se está produciendo «una feminización de los puestos burocráticos», indican las funcionarias consultadas.

En Villabona, aún no se ha aplicado esa unificación de escalas a la que obliga la ley de Igualdad aprobada hace dos años, pero desde hace meses se está avisando a las funcionarias de que, más pronto que tarde, tendrán que prestar servicio en los módulos masculinos. Las funcionarias se oponen y reclaman libertad de elección, así como el respeto a los derechos adquiridos de unas trabajadoras que aprobaron una oposición para trabajar única y exclusivamente con reclusas.

La posibilidad de que una sola funcionaria deba permanecer durante todo su turno en contacto con los presos de un módulo de hombres tiene un alcance más complejo. En Villabona no hay un trato diferenciado a los presos encarcelados por delitos de agresión sexual o violencia de género, de forma que conviven con el resto de los presos. Esto supone un riesgo añadido para las funcionarias, según manifiestan éstas.

Pero, según señala una portavoz de Afaup, hay otras cuestiones que no se han tenido en cuenta al trasladar la ley de Igualdad al mundo carcelario. En los módulos de mujeres, que hasta ahora son atendidos exclusivamente por funcionarias, la convivencia con personal masculino puede causar trastornos importantes. «¿Cómo una interna con antecedentes por malos tratos, que son prácticamente la mayoría, va a ser vigilada por un hombre? ¿Van a trabajar en esos módulos de mujeres funcionarios condenados por asuntos de malos tratos, que los hay? ¿Y las funcionarias que han sido maltratadas? ¿Tendrán que vigilar a presos, alguno de ellos encarcelado por malos tratos y violaciones?», se pregunta la misma portavoz de Afaup.

La posibilidad de ser obligadas a trabajar en módulos de hombres está provocando todo tipo de reacciones entre las funcionarias. «Las hay que tienen miedo, otras no se ven preparadas, hay quien prefiere trabajar con mujeres y hay otro número importante que considera que se las está perjudicando retroactivamente al cambiar las condiciones de su oposición. Han fallado en la gestión de esta ley en las cárceles. Se hizo a la fuerza, sin consultar», añade la portavoz de la asociación.

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En consecuencia, resulta imposible entender como hoy día, sin prever la Ley de Igualdad ni su Real Decreto un periodo transitorio para su aplicación, ni excepciones en su articulado que justifiquen, la libre asignación de servicios, al margen del puesto de trabajo del que son titulares sus trabajadores y en este caso, sus trabajadoras, se pueda afirmar con tanta ligereza, que no se ha incurrido en acto discriminatorio alguno por parte de los responsables de estos tres centros (Córdoba, Teixeiro y León), sino que muy al contrario, en los mismos, se cumple el IMPERATIVO LEGAL”, por lo que a sensu contrario, se deduce entonces,que en los otros dos centros mencionados (A Lama o Villabona),así como un largo etc.., N0 se ejecuta dicho IMPERATIVO LEGAL.

Esta actitud hermética, incongruente y cerrada al diálogo, es la “fórmula conciliadora” que ha adoptado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para dar solución a las quejas y reclamaciones formuladas por mujeres profesionales de este medio penitenciario y por la cual, algunas de ellas, lamentablemente, ya se han visto obligadas a iniciar la vía judicial.