Muestra de ello es la situación gravemente discriminatoria en la que están inmersas las funcionarias del área de vigilancia interior de los centros penitenciarios de Córdoba y Teixeiro (La Coruña), desde abril del 2009, y desde febrero del 2.010 en León . Paradójicamente, en estos tres establecimientos, y a diferencia de lo que sucede en el resto del territorio nacional, estas funcionarias, titulares en la actualidad de un puesto de interior mujeres, están siendo obligadas a desempeñar sus funciones en departamentos en contacto directo con reclusos masculinos. Una modificación de sus condiciones laborales SIN LA COBERTURA LEGAL EXIGIDA DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL DE LA NORMA. (Recomendación del Defensor del Pueblo.24 de junio del 2.009).
A este respecto, la Secretaría General, se limita a decir: “SE CUMPLE EL IMPERATIVO LEGAL”.
Nosotras, por el contrario, nos preguntamos:
Si en estos tres centros penitenciarios se “cumple la ley “, en los demás centros del territorio nacional donde no se impone esta medida, ¿se está eludiendo entonces el cumplimiento de la misma? ¿ es que acaso la normativa no es la misma para todos?.
A esto último habría que responder que evidentemente no, dado que algunas de estas profesionales del medio penitenciario, en función del centro en el que tengamos ubicado nuestro puesto, vemos sesgado o no, nuestro derecho a trabajar únicamente con mujeres reclusas, por lo que sólo cabe pensar que desde la Secretaría General se han configurado dos clases o categorías de centros penitenciarios: los de primera o no experimentales frente a otros de segunda o experimentales, entre los que se encontrarían esos tres centros en cuestión: Córdoba, Teixeiro y León.
ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTA DISTINTA Y PECULIAR FORMA QUE TIENE LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DE ENTENDER LA LETRA DE LA LEY Y DEL REAL DECRETO QUE LA DESARROLLA:
Funcionarias de la cárcel de Córdoba denuncian que se vulneran sus derechos.
Vista general de la torre de la prisión cordobesa.
Madero Cubero
• Tuvieron más limitaciones para acceder a su plaza por trabajar sólo con mujeres
• Según la Afaup, la medida está siendo aplicada con carácter retroactivo
• Algunas se han trasladado a otros centros donde SE RESPETA su puesto
Toñi Caravaca
Córdoba
Actualizado lunes 24/05/2010 09:02 horas
La aplicación de la Ley de Igualdad al colectivo de funcionarias de la cárcel de Córdoba le está quitando el sueño a más de una desde que se ven "obligadas" a tener que atender también a la población reclusa masculina, algo que no se contemplaba en las condiciones laborales del colectivo antes de que aprobasen las oposiciones.
De hecho, las mujeres que un día decidieron convertirse en trabajadoras de Prisiones eran conscientes de que les costaría más esfuerzo conseguir una plaza que al resto de compañeros. Estaban sometidas a más limitaciones porque iban a desarrollar su trabajo únicamente con reclusas. Así, se les ofertaron menos plazas y se les requirió más puntuación a la hora de acceder. También tienen, dicen, menos probabilidad de ascender a puestos de nivel superior y menos posibilidades de desplazarse a otros centros penitenciarios del territorio nacional.
Sin embargo, la Ley de Igualdad ha obligado a modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) para que no se produzca distinción por sexo a la hora de acceder a estos empleos ni, por ende, a la hora de desarrollar el trabajo en el interior de las cárceles. En la práctica, las RPT aún no han sido actualizadas, ni siquiera la de Córdoba. No obstante, la dirección de este recinto penitenciario lleva un año aplicando este aspecto de la legislación.
De hecho, según la Asociación de Funcionarias Anteriores a la Unificación de Prisiones (Afaup), la medida se está aplicando con efectos retroactivos, y sin haber elaborado previamente un estudio de impacto de género, como obliga la normativa y como aconseja el Defensor del Pueblo. La ley obliga a realizar previamente un estudio de impacto de género, que no se ha efectuado, según las funcionarias.
Por esta razón, Afaup ha declarado a ELMUNDO.es de Andalucía que defenderá el cumplimiento de la ley y el derecho de estas mujeres a decidir si quieren o no trabajar en contacto directo con presos masculinos. La normativa es aplicable a todos los centros penitenciarios pero, de momento sólo el de Córdoba ha comenzado a hacerlo, según Afaup, de forma piloto. También los de León y Coruña se han unido recientemente, pero no de forma tan "extremista".
Las consecuencias de su aplicación en la cárcel cordobesa no han tardado en llegar: las 15 funcionarias aseguran que esta situación se traduce en malestar generalizado y en un clima de continua tensión. Una de las afectadas, que prefiere mantener el anonimato por miedo a posibles represalias, ha asegurado a este periódico que "una misma circunstancia puede ser legal en un centro y en otro no", tal y como sucede en la prisión cordobesa, donde "somos la excepción no regulada de la norma y lo peor de todo, sin posibilidad de defendernos".
Mientras tanto, aumenta la desmotivación laboral, la relajación de funciones, la pérdida de implicación en los problemas derivados de los reclusos y el distanciamiento en la resolución de conflictos entre internos.
Asimismo, Afaup denuncia que hay trabajadoras públicas que ya han dejado su puesto en interior o contacto directo con internas para optar a áreas menos remuneradas pero que no implican contacto directo con reos. Otras se han trasladado a otros centros donde se respeta el puesto del que es titular cada empleada y el resto "sobrevive como puede, sufriendo el desgaste psicológico derivado de este tipo de situaciones, simplemente por ser una minoría sin armas para defenderse".
Las funcionarias afectadas dicen sentirse "atrapadas, decepcionadas, indignadas y estafadas" y demandan "respeto" y "sentido común" al entender que una modificación "total y absoluta" de sus condiciones laborales no se puede llevar a cabo desde la imposición sino desde la libertad".
El Gobierno obliga a las funcionarias de prisiones a trabajar con reclusos varones
El penal de Teixeiro aplica desde primavera la ley de igualdad con la unificación de escalas sin tener en cuenta a las vigilantes que sacaron plazas destinadas sólo a módulos de mujeres
Un grupo de funcionarias durante una protesta en Madrid por la unificación de escalas con carácter retroactivo. / la opinión
R. PRIETO
A CORUÑA
Las funcionarias de prisiones están en pie de guerra. Y no lo hacen para exigir mejoras laborales. Su única exigencia pasa por que Instituciones Penitenciarias "respete" el puesto de trabajo al que optaron: una plaza en el módulo de mujeres. Son unas 2.000 afectadas en España, 70 de ellas en Galicia, que llegaron a Prisiones antes del año 2007 y que opositaron por la escala femenina. Es decir, aprobaron una plaza destinada a trabajar sólo con reclusas. Pero un real decreto de la ley de igualdad, en vigor desde enero de este año, las obligará a prestar servicios también en los módulos de hombres ya que establece la unificación de escalas con carácter retroactivo.
En la cárcel de Teixeiro (A Coruña), con 22 afectadas por el real decreto, las funcionarias de la escala femenina realizan ya desde abril servicios en módulos de presos varones. En el caso de la cárcel pontevedresa de A Lama, la negociación de los sindicatos con la dirección del centro ha permitido -según confirmó Acaip- organizar los turnos de los grupos de trabajo sin recurrir a trabajadoras con plaza en los módulos de mujeres.
"No estamos en contra de la unificación. Nosotras optamos a un puesto y ahora pretenden eliminar por ley nuestro destino", denuncia un grupo de funcionarias de la prisión de Teixeiro.
Fue en 2007 cuando el Ministerio de Igualdad puso fin a las dos vías de entrada al funcionariado en prisiones -escala femenina y escala masculina- e impuso la unificación de escalas.
Desde entonces, hombres y mujeres ya no compiten por separado. Pero esta unificación no sólo se aplicará para las nuevas incorporaciones, sino también para las funcionarias que en convocatorias anteriores han opositado para trabajar solamente con presas en el módulo de mujeres o el de madres.
Apoyo del Defensor del Pueblo
Pese a las conversaciones mantenidas con las direcciones de cada prisión y una reciente manifestación en Madrid, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias descarta dar marcha atrás. "La ley no está para valorar o interpretar, sino por cumplirla", aseguraron a LA OPINIÓN fuentes del departamento dirigido por Mercedes Gallizo.
Pero quien parece interpretar el real decreto, y de manera distinta a Prisiones, es el Defensor del Pueblo. En una reciente carta remitida al colectivo de funcionarias, el adjunto segundo del Defensor del Pueblo, Manuel Ángel Aguilar Belda, recomienda "adoptar la medidas necesarias" para asegurar que las funcionarias que aprobaron la oposición antes de la entrada en vigor de la extinción de las escalas masculina y femenina del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias "puedan conservar -de facto- el status jurídico del que gozaban entonces". Es decir, "garantizar a quienes así lo quieran no trabajar en contacto directo con internos, sin que ello conlleve una disminución de las posibilidades de promoción en su carrera administrativa".
Ese apoyo del Defensor del Pueblo ha motivado a las funcionarias afectadas. Y no tiran la toalla: preparan nuevas reuniones con las direcciones de los penales, organizan nuevas protestas -tanto en Madrid como en Galicia- y se plantean presentar un contencioso contra el real decreto.
Con intención de hacerse oír, un grupo de 150 trabajadoras en penales de toda España, una veintena destinadas en Galicia, constituyeron el pasado mes de junio la Asociación de Funcionarias Anteriores a la Unificación en Prisiones (Afaup). El pasado 10 de diciembre organizaron una manifestación en Madrid. La próxima protesta será en enero ante la delegación del Gobierno en A Coruña y a finales de ese mes organizarán una nueva concentración ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. "No nos damos por vencidas, sólo pedimos que la ley no nos discrimine y respete el puesto de trabajo al que optamos", aseguran funcionarias de la escala femenina de Teixeiro.
El propio real decreto de unificación insta a "organizar y asignar" los servicios "dentro de los condicionantes impuestos por el puesto de trabajo de que sea titular cada funcionario". La lectura -según advierten las funcionarias- no deja lugar a dudas: "Nuestro puesto es para trabajar con mujeres".
La ley de Igualdad amenaza la seguridad en Villabona, denuncian las funcionarias
«Una mujer puede verse sola en un módulo con 160 presos, algunos condenados por violación y maltrato», avisan las trabajadoras, que reclaman libertad de elección
La ley de Igualdad amenaza la seguridad en Villabona, denuncian las funcionarias
Oviedo, L. Á. VEGA
La aplicación de la ley de Igualdad en la prisión de Villabona, esto es, la entrada de funcionarias en los módulos de hombres y viceversa, puede llevar a situaciones potencialmente muy peligrosas, según advierten las trabajadoras del centro penitenciario. Durante el día, cada uno de los diez módulos está vigilado por dos funcionarios, uno de ellos permanentemente en contacto con los presos. Por la noche, los módulos quedan a cargo de un solo funcionario. De esta forma, «puede que una mujer llegue a verse sola en un módulo de 160 hombres», señala una integrante de la Asociación de Funcionarias Anteriores a la Unificación en Prisiones (Afaup), a la que pertenecen 300 de las 2.000 mujeres del colectivo.
Además, la entrada de trabajadores en los módulos de mujeres «puede dar alas a las reclusas para denunciar supuestos abusos, algo que era impensable antes, puesto que los funcionarios, e incluso el médico y el director de la prisión, acudían a los módulos de mujeres siempre acompañados de funcionarias», añaden. «No decimos que casos como los de Alcalá-Meco no se den, pero a ver qué funcionario se atreve ahora a trabajar en un módulo de mujeres», indican.
En las prisiones donde ya se ha puesto en marcha la unificación de escalas, se está produciendo una huida masiva de las funcionarias hacia puestos de oficina, peor remunerados, pero que les evitan entrar en los módulos de hombres. De esta forma, se está produciendo «una feminización de los puestos burocráticos», indican las funcionarias consultadas.
En Villabona, aún no se ha aplicado esa unificación de escalas a la que obliga la ley de Igualdad aprobada hace dos años, pero desde hace meses se está avisando a las funcionarias de que, más pronto que tarde, tendrán que prestar servicio en los módulos masculinos. Las funcionarias se oponen y reclaman libertad de elección, así como el respeto a los derechos adquiridos de unas trabajadoras que aprobaron una oposición para trabajar única y exclusivamente con reclusas.
La posibilidad de que una sola funcionaria deba permanecer durante todo su turno en contacto con los presos de un módulo de hombres tiene un alcance más complejo. En Villabona no hay un trato diferenciado a los presos encarcelados por delitos de agresión sexual o violencia de género, de forma que conviven con el resto de los presos. Esto supone un riesgo añadido para las funcionarias, según manifiestan éstas.
Pero, según señala una portavoz de Afaup, hay otras cuestiones que no se han tenido en cuenta al trasladar la ley de Igualdad al mundo carcelario. En los módulos de mujeres, que hasta ahora son atendidos exclusivamente por funcionarias, la convivencia con personal masculino puede causar trastornos importantes. «¿Cómo una interna con antecedentes por malos tratos, que son prácticamente la mayoría, va a ser vigilada por un hombre? ¿Van a trabajar en esos módulos de mujeres funcionarios condenados por asuntos de malos tratos, que los hay? ¿Y las funcionarias que han sido maltratadas? ¿Tendrán que vigilar a presos, alguno de ellos encarcelado por malos tratos y violaciones?», se pregunta la misma portavoz de Afaup.
La posibilidad de ser obligadas a trabajar en módulos de hombres está provocando todo tipo de reacciones entre las funcionarias. «Las hay que tienen miedo, otras no se ven preparadas, hay quien prefiere trabajar con mujeres y hay otro número importante que considera que se las está perjudicando retroactivamente al cambiar las condiciones de su oposición. Han fallado en la gestión de esta ley en las cárceles. Se hizo a la fuerza, sin consultar», añade la portavoz de la asociación.
--------------------------------
En consecuencia, resulta imposible entender como hoy día, sin prever la Ley de Igualdad ni su Real Decreto un periodo transitorio para su aplicación, ni excepciones en su articulado que justifiquen, la libre asignación de servicios, al margen del puesto de trabajo del que son titulares sus trabajadores y en este caso, sus trabajadoras, se pueda afirmar con tanta ligereza, que no se ha incurrido en acto discriminatorio alguno por parte de los responsables de estos tres centros (Córdoba, Teixeiro y León), sino que muy al contrario, en los mismos, se cumple el IMPERATIVO LEGAL”, por lo que a sensu contrario, se deduce entonces,que en los otros dos centros mencionados (A Lama o Villabona),así como un largo etc.., N0 se ejecuta dicho IMPERATIVO LEGAL.
Esta actitud hermética, incongruente y cerrada al diálogo, es la “fórmula conciliadora” que ha adoptado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para dar solución a las quejas y reclamaciones formuladas por mujeres profesionales de este medio penitenciario y por la cual, algunas de ellas, lamentablemente, ya se han visto obligadas a iniciar la vía judicial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario